El especulativo mercado del CO2 marca récord y llena las arcas públicas pero Sánchez no actúa para bajar la luz

Las subastas para la compra de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) para poder generar electricidad han marcado estos días un récord nunca visto desde que se pusieron en marcha con la intención de reducir las emisiones de gas a la atmósfera, en 2005. Desde entonces, el precio máximo había sido de 30 euros por tonelada en 2006. Sin embargo, en enero ha alcanzado los 34,80 euros por tonelada el viernes pasado y los 34,54 euros este martes.

Se trata de cifras desconocidas en este mercado. En 2019 y 2020 la media anual ha estado en torno a los 25 euros y en 2018, en poco más de 15 euros por tonelada, según los datos de los expertos de Sendeco. Antes, según se puede ver en el gráfico utilizado por el Real Instituto Elcano en su informe ‘Desde los inicios del comercio de derechos de emisión hasta hoy’ (2018), ha estado muchos años por debajo incluso de los 10 euros por tonelada.

Ya en diciembre de 2020 marcó una media superior a los 30 euros por tonelada, anticipando lo que ha ocurrido en los primeros días de enero. El mercado del CO2 se ha disparado y ha tenido su inmediato efecto en el recibo de la luz que pagan los ciudadanos mensualmente. Según los expertos, cada 10% que sube el CO2, se eleva un 3% la factura de la electricidad.

Se da la circunstancia de que este mercado está controlado por especuladores que compran y revenden toneladas de dióxido de carbono a las empresas que lo necesitan para poder generar electricidad con combustibles fósiles, como gas natural -necesario en un periodo en el que no hay renovables y la demanda se dispara por el frío-. Como han repetido insistentemente desde Sendeco desde hace años, este mercado está controlado por bancos y ‘brokers’ internacionales que hacen su agosto en periodos como el actual. «Según Sendeco, las dos terceras partes de los derechos subastados son adquiridos por bancos y brokers con fines especulativos», asegura el Real Instituto Elcano en el citado informe sobre este mercado.

«Según Sendeco, las dos terceras partes de los derechos subastados son adquiridos por bancos y brokers con fines especulativos», asegura el Real Instituto Elcano en un informe sobre este mercado

«Somos incapaces de explicar como funciona ese mercado. Lo único que está claro es que es una especie de casino que marca un tercio del precio de la electricidad que pagan los españoles en el recibo», explican desde una compañía nacional. De hecho, el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono marcó el viernes pasado el récord histórico, en línea con el precio máximo marcado por el precio de la luz ese mismo viernes en el mercado mayorista. Este miércoles el precio se ha reducido un 3% sobre el precio del martes, hasta los 33,48 euros por tonelada, y el precio del ‘pool’ eléctrico de este jueves-que se fija un día antes- bajará un 3%.

Las arcas públicas se llenan y el Gobierno se lava las manos

La segunda consecuencia de este incremento en el precio del CO2 es que el cliente pierde -le sube la factura- pero el Gobierno gana. El Ejecutivo se ha embolsado más de 1.000 millones de euros anuales en 2018 y 2019 por estas subastas, mientras que para 2020 la previsión era de superar los 1.500 millones. Esos ingresos dependen de la cantidad de toneladas compradas por la industria española y por el precio, como es lógico.

De esa cantidad de dinero, una parte importante revierte sobre el sistema eléctrico, pero otra parte va para las arcas públicas para ser destinada a lo que decida el Gobierno de turno. En el caso de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica ha marcado los 1.100 millones de euros como máximo para el sistema eléctrico. El resto será para el Gobierno.

Y mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias batallan entre sí a cuenta de quién tiene la culpa de la subida de la luz, de la que culparon los dos al ex presidente Mariano Rajoy cuando la electricidad subió un 8% en 2014 por una ola de frío similar. Podemos quiere una empresa pública y el PSOE lo ha descartado ya, además de restar importancia a la subida actual porque serán «sólo unos pocos euros» en el recibo mensual, según dijo la ministra del ramo, Teresa Ribera.

El Ejecutivo por tanto prefiere no hacer nada, pese a que podría quitar el impuesto a la generación del 7% -como hizo en septiembre de 2018 durante seis meses- o bajar el IVA, actualmente en el 21%. La ministra portavoz, María Jesús Montero, señaló el martes que no bajaban el IVA porque iba en contra de las líneas que marca Bruselas, un argumento que ya utilizó con las mascarillas hasta que la UE lo desmintió. El PP ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que confirme si prohíbe a España bajar el IVA de la electricidad del 21%, uno de los más altos de Europa.